En España, hay más aforados que razones para justificar su existencia. Y no hablamos de unos pocos privilegiados. No. Son miles. Desde diputados y senadores hasta presidentes autonómicos, jueces, fiscales, defensores del pueblo y altos cargos de instituciones varias. Es decir: los que mandan, se blindan.
¿Quién está aforado?
Los diputados y senadores del Parlamento nacional son aforados ante el Tribunal Supremo. Los miembros del Gobierno también.
Y en el ámbito autonómico, la cosa se dispara: cada comunidad autónoma —salvo unas pocas excepciones— ha copiado y pegado el blindaje en sus estatutos.
Resultado: los parlamentarios regionales y altos cargos autonómicos son juzgados por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia, que, oh sorpresa, también dependen en parte de nombramientos políticos.
Algunas comunidades —Aragón, Murcia, Cantabria, Baleares— han renunciado al aforamiento. Otras ni lo contemplan (Canarias, Ceuta y Melilla). El resto, lo defienden con uñas, dientes y reglamentos.
Inmunidad + aforamiento = impunidad
El combo funciona así: la inmunidad impide que te toquen sin permiso del Parlamento. El aforamiento te garantiza que si te juzgan, sea en un tribunal de élite, controlado o afín. Y si todo falla, siempre queda el indulto.
Pero lo más grotesco viene cuando el escándalo aprieta y no hay manera de contenerlo. ¿Qué hacen entonces? Muy fácil: se presentan al Parlamento Europeo. Y una vez allí, con su acta de eurodiputado en la mano, se benefician de una inmunidad aún más robusta, casi diplomática, que entorpece o bloquea cualquier intento de enjuiciamiento nacional.
¿Y lo mejor? Que mientras se tramita el suplicatorio en Bruselas —un proceso lento, burocrático y muchas veces estéril—, el fugado puede vivir a cuerpo de rey, dar lecciones de democracia en Estrasburgo y seguir cobrando su salario público.
Sí, como Puigdemont. Pero también como muchos otros menos mediáticos y más discretos, que han encontrado en Europa la versión 2.0 del aforamiento: la desaparición judicial en diferido.
Todas las cúpulas de los partidos nacionales y regionales
El aforamiento en España no es una garantía institucional: es un escudo de impunidad con muchas capas. Local, autonómico, nacional y europeo. Una red legal pensada para que si un político mete la mano en la caja, le cueste más explicarlo en un plató que delante de un juez.
Es la Triada del Poder Corrupto:
- Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): quienes ponen, quitan y sancionan a los jueces.
- Tribunal Constitucional: quien puede anular leyes democráticas o retorcerlas, incluso anular las sentencias del Tribunal Supremo.
- Tribunal de Cuentas: quienes miran a otro lado en los desfalcos de cada día.
Y si se ve acorralado, que tenga siempre una salida. Una cámara que le proteja. Un tribunal amigo. Un procedimiento que se alargue. Una justicia que prescriba. Un Parlamento que le tape. Un avión a Bruselas.
Ese sapo es típico de nuestra dieta mediterránea, nos lo tragamos a diario..
«TRAGANDO SAPOS»
