Cada mañana, en cualquier ciudad española, miles de coches se dirigen al trabajo con un único ocupante. No es una emergencia. No es una circunstancia excepcional. Es el hábito. Muy cómodo ¿verdad?.
A las tres de la madrugada, carteles publicitarios iluminan fachadas que nadie mira. Escaparates encendidos ante calles vacías. Edificios de oficinas con la luz interior encendida sin que haya nadie dentro.
Y cada día, millones de furgonetas recorren ciudades enteras para entregar paquetes que pesan doscientos gramos. A veces no hay nadie en casa. Vuelven con el paquete al almacén. A veces el comprador lo devuelve porque la talla no era exacta. Vuelven otra vez, en sentido contrario.
Nadie ha cometido ningún delito. Nadie ha hecho nada ilegal. El problema es otro, pero miramos a otro lado. Todo el que puede lo hace.
El coche con un solo pasajero
El transporte absorbe más del 57% del consumo mundial de petróleo. El transporte por carretera, por sí solo, representa el 46% del consumo total en los países desarrollados. Son datos de la Agencia Internacional de la Energía, no de una ONG.
De ese consumo, una parte es necesaria. Mercancías, servicios esenciales, transporte público. Pero otra parte es discrecional.
Es el trayecto de un kilómetro coche porque llueve un poco. Es la segunda vuelta al supermercado que podría haberse evitado. O es el vuelo de bajo coste a una ciudad a la que también podría llegarse en tren, o cambiar el destino por un destino rural que a pesar de tenerlo a un radio de 100km de tu casa nunca lo has visitado.
No estoy diciendo que esos viajes no deban hacerse.
Estoy diciendo que su precio no refleja su coste real.
El paquete de doscientos gramos
El comercio electrónico ha construido un sistema donde la comodidad parece gratuita. El envío es gratis. La devolución también.
Pero no lo es.
La última milla —el trayecto desde el almacén hasta tu puerta— representa el 40% de todas las emisiones de CO₂ del comercio electrónico. Hasta una cuarta parte de los intentos de entrega fracasan: no hay nadie en casa. Se repite el trayecto. Se duplica la emisión.
Y las devoluciones: entre el 20 y el 30% de lo que se compra online se devuelve. Tres veces más que en una tienda física. Cada devolución puede duplicar o triplicar la huella de carbono del producto, que recorre el mismo camino en sentido inverso. El resultado: hasta 24 millones de toneladas de CO₂ al año atribuibles únicamente a las devoluciones del comercio electrónico.
Un paquete de doscientos gramos. Una furgoneta que recorre quince kilómetros. Un intento fallido. Otro intento. Una devolución. Todo ello con envío gratuito.
¿Gratuito para quién? El precio el petróleo sube por exceso de demanda y lo paga vía IPC toda la sociedad.
El cartel que nadie lee a las tres de la madrugada
La iluminación representa el 15% del consumo eléctrico global. Y al menos el 30% de esa iluminación exterior es innecesaria: carteles que brillan cuando no hay nadie que los mire, farolas sobredimensionadas, escaparates encendidos ante calles vacías.
En las áreas urbanas, los carteles publicitarios y los escaparates iluminados casi duplican en número a las farolas públicas. Globalmente, se gastan al menos 50.000 millones de dólares al año en producir luz que se pierde en el espacio. No alumbra a nadie. No sirve para nada. Solo consume.
El precio miente
Aquí está el problema real.
No es un problema de conciencia. No es un problema de educación ambiental. Tampoco es que la gente sea mala o no se preocupe por el planeta.
Es un problema de precio, digámoslo claro: provocado por una demanda irracional.
Cuando algo es artificialmente barato, se derrocha. Siempre. Es una constante del comportamiento humano que no depende de la ideología ni de la cultura. Si el envío gratuito costase su precio real, muchas compras no se harían, o se harían de otra manera. Si la gasolina incorporase en su precio las externalidades que genera —congestión, emisiones, infraestructura—, el coche con un solo ocupante sería una decisión económicamente distinta.
El precio actual miente. Y cuando el precio miente, el despilfarro es inevitable y perfectamente racional.
El consumidor no es estúpido. Optimiza. El problema es que optimiza con información incorrecta.
No es moralismo. Es aritmética.
No estoy pidiendo que nadie renuncie a sus deseos.
Estoy pidiendo algo más simple y más exigente: que cada capricho se pague a su precio real.
¿Quieres recibir ese paquete mañana en lugar de en tres días? Bien. Pero ese servicio tiene un coste energético concreto. Págalo.
¿Quieres ir al trabajo solo en tu coche? Es tu decisión. Pero el coste de ese trayecto no debería estar subvencionado por el resto.
¿Quieres iluminar tu fachada a las tres de la madrugada? Adelante. Pero que la factura refleje lo que cuesta, no lo que se ha decidido políticamente que debe costar.
La energía barata no es un derecho natural. Es una convención, el punto medio entre oferta y demanda. Y esa convención tiene consecuencias que pagamos entre todos, de formas que no aparecen en ninguna factura.
Hay una diferencia entre proteger el consumo básico —la calefacción en invierno, la movilidad necesaria— y subvencionar el despilfarro discrecional. El primero merece protección. El segundo merece su precio real, es decir, pagar su valor.
Que cada cual consuma lo que quiera.
Pero que lo pague entero.
