Real Decreto aprueba la expulsión de los pelirrojos

Todos los titulares de los periódicos amanecen con algo que consideramos más propio del Día de los Santos Inocentes.

El Gobierno aprueba por Decreto-Ley la expulsión inmediata de todos los pelirrojos de España.

A todas luces, un sinsentido. Algo que no puede prosperar socialmente. Algo que las Cortes Generales nunca van a validar.

No obstante, el mecanismo ya está en marcha.

El mecanismo que nadie explica

El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar disposiciones legislativas provisionales —los llamados Decretos-Leyes— en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Surten efecto inmediato desde su publicación en el BOE. El Congreso dispone de treinta días para convalidarlos o derogarlos.

Treinta días.

Durante esos treinta días, aviones cargados de pelirrojos despegan hacia países que han accedido a colaborar con el Estado. Como no podía ser de otra forma. El resto de grupos parlamentarios van anunciando, uno a uno, que votarán en contra. El Decreto no prosperará. No se convertirá en ley. Dejará de surtir efectos.

Sin embargo, las deportaciones no cesan.

Llegado el día de la votación, el Decreto cae. Se paran los vuelos.

El segundo decreto: los pelirrojos vascos y catalanes se salvan. Por ahora.

Al día siguiente, el Gobierno presenta un segundo Decreto. El mismo en el fondo. La misma intencionalidad. Pero con una novedad: la expulsión de pelirrojos no será de aplicación en Cataluña ni en el País Vasco. Una excepción territorial cosida en el articulado para comprar la abstención del PNV y de Junts per Catalunya.

No lo consiguen.

Los pelirrojos vascos y catalanes respiran. Los del resto de España, no. Y el Decreto vuelve a caer.

Pero el mecanismo sigue funcionando. Más aviones. Más pelirrojos. Efectos jurídicos consumados e irreversibles.

Y aquí aparece la clave que nadie explica con claridad.

Cuando un Decreto-Ley no es convalidado, sus efectos cesan. Pero los efectos ya producidos durante su vigencia no se anulan. Esto no es una interpretación. Es doctrina. Es el propio sistema. Los pelirrojos deportados no regresan. El daño está hecho. Y el mecanismo vuelve a empezar.

Si durante un año se repite este ciclo, España habrá expulsado a todos sus pelirrojos sin que ninguna ley lo haya ordenado jamás.

Eso no es legislar. Es otra cosa.

Una legislatura sin ley. Sin presupuestos. Sin mayoría.

La Constitución reservó el Decreto-Ley para situaciones excepcionales e imprevisibles. No para gobernar. No como instrumento ordinario de acción política. El propio Tribunal Constitucional ha advertido que su uso abusivo comporta un riesgo de marginación del titular de la potestad legislativa y afecta gravemente al principio democrático.

Pero la advertencia no tiene dientes cuando el que gobierna ha decidido que el Parlamento es un obstáculo, no una institución.

La ley básica de cualquier gobierno democrático es la ley de presupuestos. Cada vez que un ejecutivo no ha podido aprobarla, la respuesta constitucional ha sido siempre la misma: disolver las Cámaras y devolver la palabra al soberano. No esta vez. Llevamos una legislatura entera con los presupuestos de 2023 prorrogados por tercer año consecutivo —récord absoluto de la democracia española— mientras el Gobierno ha dejado de comprometerse siquiera a presentar unos nuevos, argumentando que la prórroga está prevista en la Constitución. Técnicamente cierto. Políticamente, una rendición de la normalidad democrática presentada como virtud constitucional.

El partido que llegó prometiendo regeneración.

Y mientras tanto, el partido que sostiene ese gobierno —el mismo que llegó al poder prometiendo regeneración democrática— acumula una constelación de causas judiciales sin precedentes. El secretario de Organización, imputado por cohecho y organización criminal. El exministro más poderoso, en prisión preventiva. El Fiscal General del Estado, procesado formalmente por filtrar información confidencial, con auto de procedimiento abreviado que abre la vía al juicio oral. La esposa del presidente, investigada. El hermano del presidente, procesado. Ochenta cargos, familiares y colaboradores señalados judicialmente en un solo año.

No son casos aislados. Son capas de una misma estructura.

Y lo más revelador no es la corrupción en sí. La corrupción, por desgracia, no es nueva en ningún partido. Lo revelador es la respuesta interna. El partido ha sido purgado. Las voces críticas, silenciadas. Los díscolos, expulsados o marginados. Lo que queda es un núcleo duro de aparato blindado, sostenido por una coalición parlamentaria que incluye a partidos separatistas a los que se han hecho concesiones que ningún programa electoral mencionaba.

Ahí está la estafa electoral en su forma más pura.

No es que hayan cambiado de opinión. Es que prometieron exactamente lo contrario de lo que han hecho. Y cuando la realidad ha empezado a imponerse, la respuesta no ha sido la rectificación. Ha sido la aceleración.

El decreto como sustituto del presupuesto. La prórroga como sustituto del debate. La purga interna como sustituto de la democracia interna. Y los jueces, naturalmente, convertidos en el problema.

Esto no es un golpe de Estado. Es algo peor.

No hay tanques en la Puerta del Sol. No hay suspensión formal de derechos. Hay algo más sofisticado y, precisamente por eso, más pérfido: la destrucción del Estado de Derecho desde dentro de sus propias instituciones. Utilizando sus propias herramientas. Respetando sus propias formas.

Un golpe de Estado en diferido.

Cada decreto tumbado y reeditado es un paso. Cada efecto jurídico consumado e irreversible es un hecho. Y cada ciclo que se repite normaliza el siguiente. Mientras el debate público se centra en si los pelirrojos merecen o no ser expulsados, nadie habla del único problema real.

Que el mecanismo funciona.

Que los pelirrojos ya no están.

Y que los jueces pelirrojos, afortunadamente, se han teñido de negro hasta las cejas.